Tarjetas prepago dejaran de ser anónimas

La Ley de Comunicaciones Electrónicas entra en vigor el 8 de noviembre 2007 y obligará a los usuarios de tarjeta prepago a facilitar los datos identificativos a su operadora mediante presencia física. Dispondran de dos años de plazo para hacer la identificación en caso contrario la linea se dará de baja.

Actualmente hay 20.458.068 números de telefonía móvil en prepago, lo que supone el 41,9% del total, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Muchos de estos usuarios ya están identificados porque suelen dar sus datos cuando se ponen en contacto con los servicios de información al cliente.

Cuando entre en funcionamiento la nueva ley, tendrán que dirigirse a un distribuidor para que registre nombre y apellidos, nacionalidad, documento de identificación (DNI o pasaporte) y en el caso de empresas, el número de identificación fiscal.

Promociones para migrar a contrato

Ante la perspectiva de tener que dar de baja a los clientes que no se adapten a la ley en dos años, las operadoras preparan ya sus campañas de información que se prolongará en este periodo, y diseñan fórmulas para hacer más fácil el trámite a sus usuarios. Para los nuevos clientes de prepago, a partir del 8 de noviembre será obligatorio que den sus datos cuando compren un teléfono móvil y para ello deberán llevar un documento de identidad.

Sus datos formarán parte de en un registro que los operadores cederán a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se lo soliciten. Fuentes del sector de telecomunicaciones señalaron la dificultad para cumplir esta parte de la ley por el escaso margen de tiempo para ponerla en marcha. Explicaron que las operadoras, aunque se han ido preparando en los últimos meses, no podían tomar decisiones definitivas hasta que se aprobará la ley y esto se produjo hace pocos días.

Esta ley, aprobada en el marco internacional para luchar contra el terrorismo, obliga a las operadoras a conservar los datos de tráfico y de localización de las llamadas durante dos años y facilitarlos a las autoridades de seguridad del Estado cuando lo soliciten.

Las operadoras tienen seis meses para preparar sus sistemas para el requerimiento exigido de guardar los datos de tráfico, aunque ya trabajan en este tema desde hace tiempo.

Cuando en febrero de 2006 se aprobó la norma comunitaria, el sector señaló que supondría un coste de unos 100 millones de euros la adaptación de esta medida, más el de mantenimiento de los sistemas, y pidió, sin éxito, que el Estado asumiera el coste o una parte del mismo.

Fuente: gsmspain